martes, 2 de abril de 2013

Jurisprudencia y Comentario del Artículo 31 Constitucional


Artículo 31, fracción IV. Derechos de seguridad jurídica en materia tributaria.

Tesis: P./J. 95/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 191105 30 de 134

PLENO Tomo XII, Septiembre de 2000 Pag. 5 Jurisprudencia(Constitucional,Administrativa)

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XII, Septiembre de 2000; Pág. 5

AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO 222 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, EN CUANTO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE SU PAGO SOBRE EL VOLUMEN DE AGUA CONCESIONADA QUE NO ES EXPLOTADA, USADA O APROVECHADA, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.

Los derechos por uso de bienes del dominio público de la nación constituyen una especie del género contribuciones que tienen su causa en un acto de permisión del Estado por el cual los particulares utilizan o aprovechan los referidos bienes, obteniendo así un beneficio específico, concreto e individualizado que justifica el pago del tributo. El cumplimiento del principio tributario de proporcionalidad tratándose de este tipo de derechos requiere, por tanto, del establecimiento de cuotas vinculadas con el aprovechamiento por los usuarios de esos bienes, medido según unidades de consumo o utilización conforme a la naturaleza de tales bienes y al beneficio obtenido. El artículo 222 de la Ley Federal de Derechos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 de diciembre de 1997, en vigor durante 1998, establece la obligación de pago del derecho sobre agua por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales sobre el volumen total consignado en el título de asignación, concesión, autorización o permiso otorgado por el Gobierno Federal, conforme a la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe la extracción, autorizando a aplicar por el volumen de agua no explotada, utilizada o aprovechada, las cuotas previstas en el artículo 223 de la ley citada, que correspondan a las zonas de disponibilidad donde se ubique el aprovechamiento, reducidas en un 90%, siempre y cuando cuenten con medidor que contabilice el volumen de agua realmente explotada, usada o aprovechada. Así, el artículo 222 mencionado resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria al obligar a pagar el derecho sobre el volumen de agua no explotada, utilizada o aprovechada, pues ello se traduce en el pago del derecho sobre el uso de aguas nacionales, sin que se produzca el hecho que debe generar el derecho y que justifica su pago, como lo es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas referidas que reporte un beneficio concreto e individualizado al gobernado, es decir, se establece una carga tributaria que no se justifica al no producirse el hecho que debe generarla, a saber, la explotación, uso o aprovechamiento de un bien del dominio público y, asimismo, al no existir este hecho no es posible fijar cuotas para el pago del derecho, pues éstas deben relacionarse con el aprovechamiento real que del bien hace el particular, con el beneficio que debe obtener y con la naturaleza del bien utilizado, lo que en el caso no acontece en la medida que no hay explotación, uso o aprovechamiento de ningún bien del dominio público de la nación.



PLENO

Amparo en revisión 1780/99. Embotelladora Aguascalientes, S.A. de C.V. 4 de julio de 2000. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.


Amparo en revisión 1629/99. Embotelladora Metropolitana, S.A. de C.V. 4 de julio de 2000. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José de Jesús Murrieta López.


Amparo en revisión 1314/99. Embotelladora Gómez Palacio, S.A. de C.V. 4 de julio de 2000. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.


Amparo en revisión 1781/99. Reprocesadora Industrial, S.A. de C.V. 4 de julio de 2000. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu.


Amparo en revisión 1702/99. Embotelladora La Favorita, S.A. de C.V. 4 de julio de 2000. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez.


El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, con el número 95/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos mil.


COMENTARIO AL ARTICULO 31 CONSTITUCIONAL.

El Artículo 31 Constitucional fracción IV, a la letra dice:

IV. CONTRIBUIR PARA LOS GASTOS PUBLICOS, ASI DE LA FEDERACION, COMO DEL DISTRITO FEDERAL O DEL ESTADO Y MUNICIPIO EN QUE RESIDAN, DE LA MANERA PROPORCIONAL Y EQUITATIVA QUE DISPONGAN LAS LEYES.

(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 25 DE OCTUBRE DE 1993)

Me llamó mucho la atención la jurisprudencia en relación a la Ley Federal de Derechos en cuanto que supone que los contribuyentes pagan el agua que no extraen. Al respecto y dado el tiempo que he laborado en la Comisión Nacional del Agua es necesario hacer hincapié que el uso agrícola no paga ni un centavo por concepto de extracción y por otro lado los organismos operadores o municipio que son los que distribuyen el agua a las ciudades pagan realmente una parte muy pequeña de lo que representa el valor del agua. Sin embargo, para el uso industrial y de servicios el metro cúbico por lo menos en el estado de Guanajuato, es de aproximadamente 16 pesos el metro cúbico extraído en municipios tales como Celaya y León. Sin embargo en zonas de disponibilidad distintas, hay industriales que se encuentran en municipios que pagan si acaso 1 peso el metro cúbico de extracción.


Si bien es cierto que los usuarios tienen derechos sobre las aguas nacionales, también es cierto que en términos generales hay gran dispendio del agua y la Nación no se puede permitir su despilfarro. Y en relación a que los usuarios, particularmente los industriales y de servicios que tienen que pagar por el agua que no usan, siempre hay manera de llegar a un acuerdo justo y sin "mordidas" dentro de la CONAGUA. es decir, si durante dos años no utilizan la totalidad del agua, únicamente los industriales y de servicios, se les disminuye el volumen en la concesión o bien, pueden pagar porque la CONAGUA les "guarde" el volumen que no utilizan por un determinado tiempo. Esto ayuda a la recuperación de acuíferos.

Por lo anterior, me parece que tenemos que ser cuidadosos cuando se analicen las jurisprudencias. Creo que no necesariamente pueden ser totalmente ciertas y creo que no se está violando la proporcionalidad y la equidad en la contribución depara los gastos públicos, ya que hay diferentes tipos de usuarios, unos contribuyentes y otros no.¨¨CCSG




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